Síntesis de la exposición de Manuel A. Solanet
Manuel Solanet basó su exposición en tres temas: la solvencia fiscal, particularmente en relación al actual momento económico; los impuestos distorsivos y la eventualidad de utilizar la supresión de algunos pero sosteniéndolos como pago a cuenta de otros.
Dijo que la Argentina padece un mal crónico que se llama insolvencia fiscal. Javier González Fraga mostró una serie larga de déficit con superávit primario; en la década del ’80, alrededor de 5 puntos del PBI, si incluyéramos el déficit cuasi fiscal que se origina en operaciones del Banco Central, deberíamos incorporar una suma adicional que equivaldría a unos 3 puntos del PBI; en la década del ’90 se produjeron las privatizaciones y hubo algo más de disciplina fiscal y se redujo sensiblemente, de todas maneras, no se redujo del todo. Década del ’90, déficit global, no ya primario, del orden de 3 puntos del PBI, sin ingeniería contable que acumuló a ese ritmo una deuda pública que nos llevó al default. Acumuló deuda porque hubo una regla rígida, estricta, la convertibilidad, que no admitía otras fuentes de financiación del déficit que no fuera el endeudamiento.
Hoy estamos con un superávit primario previsto para este ejercicio del orden de 4 puntos del PBI; puede que menos, si el gobierno sigue tomando decisiones de incrementar el gasto, aparentemente con la idea de que una vez superada la meta convenida, el resto está tal vez para gastar.
Estos 4 puntos del producto, claramente, no son sostenibles. Va a haber gradualidad; lo recaudado por las retenciones, así como el Impuesto a las Transacciones Financieras, no van a desaparecer; la caída del precio de la soja que se correlaciona en el tiempo con la subida en el precio del petróleo y algo compensa, pero sí está claro que en algún momentos estos recursos van a tener que ser sustituidos, tanto las retenciones como el Impuesto a las Transacciones Financieras.
Pero tenemos algo más y quiero destacarlo. Estamos gozando fiscalmente de los beneficios de haber realizado una macro devaluación, y no sólo lo hicimos por el lado de los recursos, sino también hemos aprovechado la circunstancia de que han aumentado los precios internos, tal vez no en la medida que uno hubiera esperado, pero hemos tenido por precios combinados un aumento del orden del 90 al 100 por ciento, que se refleja en el Producto Bruto Nominal.
Pero los salarios del sector público y las jubilaciones han aumentado en una proporción sustancialmente menor; si los ajustes en estos dos rubros se hubieran producido de manera de compensar el índice de costo de vida –que no refleja el aumento de la canasta de consumo de un jubilado o de un asalariado de bajos ingresos–, pero sólo tomando este índice y computando la totalidad del sector público, incluyendo nación, provincias y municipios, una recuperación del nivel promedio histórico demandaría un gasto adicional de 3 puntos del PBI.
Si sumamos recursos extraordinarios, que en algún momento tienen que ceder por otros, como la comprensión del gasto salarial y jubilaciones, hay un total de 6,6 puntos del producto que entran en la franja de la precariedad; se puede mantener por mucho tiempo, pero escuchemos las voces. El último disertante del panel anterior hizo un reclamo de reducción de las retenciones a las exportaciones y hoy tenemos en forma generalizada un reclamo de aumento salarial en el sector público.
Esto se viene aún contando con un gobierno que disponga de fortaleza política para poder sostener y resistir estos pedidos. Si tenemos 4 puntos de superávit primario, computando ya la ventaja de un crecimiento que lleva dos años y que ha impactado sobre la recaudación fiscal, tomando la radiografía en este momento veremos que estamos en la dificultad de que si volviéramos a los precios relativos que tuvimos históricamente que corrieron durante la década del ’90, estaríamos en un déficit primario de 2,6 puntos del PBI, y es el mismo déficit primario que teníamos antes.
Esto indica que no hemos ido a fondo con reformas estructurales que nos permitan obtener solvencia genuina. “Como ingeniero –destacó Solanet–, no me olvido de qué significa para una empresa una reforma estructural; no es jugar transitoriamente con los precios o los salarios, sino realizar las modificaciones para pasar del rojo al azul.”
La utilización de impuestos a cuenta, ha sido un instrumento empleado con mucha frecuencia. Se incorporan impuestos de fácil recaudación para tomarlos a cuenta de aquellos otros de difícil recaudación; entre estos últimos IVA y Ganancias.
No hay que confundir pagos de anticipos con pagos a cuenta. Desde hace ya muchos años el gobierno apeló a anticipar el pago de impuestos, clásicamente de Ganancias y Bienes Personales, sobre la base de los pagos del ejercicio anterior.
No se va a renunciar al pago de anticipo porque prácticamente estamos ganando un año de caja y no hay gobierno que pueda resignar un año de caja.
Cualquier intento, cómodo, fácil, de sostener impuestos distorsivos, como son el Impuesto a las Transacciones Financieras o las retenciones, como pago a cuenta de otros, estaría perjudicando decisiones de producir, estaría afectando precios relativos.
En el panel anterior tuvimos una exposición muy clara de Aninat, sobre la importancia que tiene en un país el alinear precios relativos con los que existen en el plano internacional. Dar tranquilidad y seguridad de que ese alineamiento no se va a afectar por medidas arbitrarias de carácter tributario o de política económica; en todo caso, si se afectara, sería por alteraciones en los mercados. Y las alteraciones son analizables y en buena medida son previsibles; la decisión de un funcionario detrás de un escritorio no es previsible y, por lo tanto, genera riesgo. Y el riesgo afecta las decisiones de inversión.
La utilización de esta forma de combatir la evasión a través de impuestos a cuenta, sujetas a modificaciones en el tiempo que quiera el funcionario, alteran la seguridad, la confianza y por lo tanto las decisiones de inversión.
“No es cierto que no se puede reducir el gasto público”, afirmó Solanet. Explicó que el gasto público en la Argentina es bajo porque hay muy bajo nivel de salarios relativos, en base a las mediciones que hacen en otros países. Pero es un gasto público alto, solventado con una presión tributaria nominal alta y con una fuerte evasión, que ocurrida no alcanza para pagar ese gasto público.
Señaló que hay que trabajar de los dos lados y que tomaba varias de las propuestas de González Fraga y de Sabaini, porque son válidas desde el punto de vista de mejorar la equidad y la recaudación por la vía de reducción de la evasión. Pero puntualizó que no se debe desconocer la importancia que tiene el gastar mejor y gastar menos.
Hay dos reformas estructurales que propone el FMI y que han sido objeto de incumplimiento y, por lo tanto, de la postergación de la aprobación de la tercera revisión: la modificación del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Solanet dijo que hay otras reformas, pero sólo menciona estas, que son dos instrumentos que deben ser modificados en el sentido correcto.
En su opinión, la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada es inocua. A diferencia de la ley de Brasil, que ha sido efectiva, sostuvo que en esta ley no hay penalidades para los funcionarios que la incumplen, y las penalidades para las provincias que incumplen son de extrema levedad, prácticamente inexistentes.
Le Ley de Coparticipación Federal de Impuestos tiene que ser reformada en el sentido de lograr correspondencia fiscal, que los gobernadores estén alentados para recaudar mejor, gastar mejor y gastar menos. |
